Un análisis desarrollado por el Grupo de Investigación en Políticas Públicas y Gestión Pública de la Escuela de Gobierno de la PUCP, Idea Internacional y reporteros de Ojo-Publico.com– concluyó que 60 provincias de las casi 200 que hay en el Perú están expuestas a la presencia del crimen organizado cuando las nuevas gestiones municipales asuman sus cargos tras las elecciones del 7 de octubre.

1 de octubre 2018

El 30% de las provincias del Perú tiene en sus territorios al menos uno de los delitos cometidos por la criminalidad organizada de alta complejidad. Algunas de ellas se encuentran en valles donde se concentra la mayor producción cocaína, otras cuentan con hectáreas de la Amazonía cercanas a ríos donde se extrae el oro, y otras concentran barrios con altas tasas de homicidios cometidos con armas de fuego en la vía pública y cuyos agentes están involucrados a otros delitos como la extorsión y el robo agravado.

Ojo-Publico.com –en el marco de un trabajo multidisciplinario realizado con investigadores del Grupo de Investigación en Políticas Públicas y Gestión Pública (GIPPGP) de la Escuela de Gobierno de la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP) e Idea Internacional– desarrolló una herramienta que identifica, mide y clasifica el nivel de riesgo (en bajo, medio o alto) de la infiltración de grupos dedicados a actividades ilícitas en las 196 provincias que conforman las 25 regiones del país.

Publicamos el siguiente informe días antes que la ciudadanía elija a sus próximos alcaldes provinciales y para que también las autoridades tengan herramientas para enfocar una mayor presencia de fiscalización electoral.

Para la creación de la herramienta se utilizó data del Sistema Integrado de Estadísticas de la Criminalidad y Seguridad Ciudadana del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) y se incorporaron indicadores de densidad de economías ilegales, presencia policial y fiscal a nivel nacional; y otros relacionados a delitos de sicariato, extorsión y lavado de dinero, entre otros.

Con esta información, se creó un mapa de riesgo que visibiliza a las cuatro macroregiones del Perú que albergan a las provincias con mayor riesgo de infiltración del crimen organizado en el 2017: desde la costa norte en Trujillo hasta la frontera con Ecuador; la selva central de Loreto y Ucayali cerca de Brasil; hasta el corredor sur que une al valle cocalero de Ayacucho y Cusco con la zona minera de Madre de Dios; así como Lima y Callao.

El eje de la zona norte: de Trujillo a Ayabaca

Una de las zonas que destaca en este mapa de riesgo es el eje que empieza en Trujillo, se extiende a las provincias vecinas de Chiclayo hasta alcanzar a Piura y Sullana y Ayabaca, en el límite con Ecuador. La gran cantidad de localidades del norte detectadas en los rankings de delitos analizados (narcotráfico, minería ilegal y contaminación, tráfico de armas y sicariato, y contrabando) encumbran a esta región como una de las más convulsionadas del Perú.

Ni las regiones tradicionales del crimen organizado como el valle de los ríos Apurímac, Ene y Mantaro (Vraem), último reducto del grupo terrorista Sendero Luminoso en la zona de producción de droga más extensa del país; la violenta triple frontera de Iquitos, Tabatinga (Brasil) y Leticia (Colombia) o el centro de la minería ilegal de oro de Madre de Dios; tienen índices delictivos tan elevados como el observado en el eje de las provincias del norte.

En el corredor norteño destaca Ayabaca –provincia ubicada sobre los Andes, a cuatro horas de Piura y habitada por 140 mil personas– a la cabeza de las denuncias por delito de contrabando debido a su frontera porosa con Ecuador. Dicha región, más conocida por su celebración de la festividad del Señor Cautivo de Ayabaca que por su violencia, también aparece en los rankings de delitos de minería ilegal de oro y tráfico de armas por su alto tránsito limítrofe.

La data confirma la realidad. La Policía Nacional considera que Ayabaca, menos conocida que ciudades como Chiclayo y Trujillo, se ha convertido en territorio estratégico para el contrabando de diferentes productos ilícitos. Ya en el 2011, la Dirección Antidrogas de la PNP estimaba que esta provincia de Piura era el asentamiento de grupos criminales del narcotráfico procedentes de Ecuador y Colombia. Para el 2017, dicha localidad ya se erigía como importante centro del tráfico de oro.

Además de Ayabaca aparece Trujillo como una de las provincias con mayor densidad de organizaciones criminales. La capital de La Libertad –cuna de Los Norteños, una de las mafias del narcotráfico más poderosas de los años ‘90; de la familia Sánchez Paredes, acusados de lavado de dinero; y lugar de la incautación de 7.5 toneladas de cocaína en el balneario de Huanchaco, la más grande en la historia– fue uno de los lugares más riesgosos del país en 2017.

De acuerdo a estas cifras, Trujillo –con más de 800 mil habitantes, zona de salida de la droga producida en el Huallaga y a seis horas de Piura– aparece en los primeros puestos del ranking de denuncias por delitos de tráfico de drogas, contrabando de armas y sicariato. En esta misma lista también aparecen las provincias de Chiclayo, Ferreñafe y Lambayeque, que hasta hace algunos años eran zonas de influencia de la organización ‘La Gran Familia’, liderada por el llamado ‘Viejo Paco’, hoy detenido.

Del Vraem a Tambopata: droga y oro en el corredor sur

Otra de las zonas que destaca en este mapa de riesgo es el corredor que se inicia en las alturas de Ayacucho, cruza el límite natural que impone el río Apurímac hasta llegar a la Ciudad Imperial, y se extiende hasta Puerto Maldonado. Este largo sendero –que recorre los Andes y llega a la Amazonía en la frontera con Brasil– incluye provincias vinculadas geográficamente como La Mar (Ayacucho), La Convención, Calca y Cusco (Cusco), Manu y Tambopata (Madre de Dios).

De esta forma, el mapa de riesgo visibiliza a las dos cuencas cocaleras más extensas del Perú, el Vraem y el valle de La Convención y Lares, y su conexión con los territorios deforestados por la minería informal e ilegal de Huepetuhe y La Pampa. Precisamente, la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (Unodc) indica que ambas tienen más de 30,500 hectáreas de cultivo de hoja de coca, así como denuncias por tráfico ilegal de armas, drogas y terrenos.

En la provincia ayacuchana de La Mar, con 88 mil pobladores, la situación se asemeja a su vecina de La Convención: la Policía ha decomisado en los últimos años centenares de kilos de insumos químicos destinados al procesamiento de droga. Los laboratorios artesanales también suelen ser detectados en los operativos realizados en esta zona montañosa de la sierra. En La Mar, sendero recurrente de mochileros de la droga que intentan llegar a Andahuaylas para luego salir a la costa, además se han registrado denuncias por contrabando de armas.

En La Convención, origen de los ricos yacimientos del gas de Camisea, la Policía Antidrogas ha detectado en los últimos años organizaciones dedicadas al tráfico de pasta básica. A inicios de setiembre último, esta unidad policial descubrió cerca de 300 kilos de droga en los alrededores de un laboratorio de procesamiento, ubicado en un centro poblado de esta provincia cusqueña que cuenta con más de 180 mil habitantes y que decidirá a su nueva autoridad el 7 de octubre.

Al sur de La Convención está la frontera con Madre de Dios. La puerta de bienvenida a esta zona es la provincia del Manu, con más de 24 mil habitantes y conocida por albergar a las concesiones de la minería en Huepetuhe. En estos territorios, también incluidos en el mapa de riesgo, las intervenciones suelen ser recurrentes. Este año, la Policía impidió que una avioneta con 293 kilos de cocaína despegara de una pista clandestina ubicada en un centro poblado de esta provincia amazónica.

En Madre de Dios, atravesada por la carretera Interoceánica que conduce hasta Brasil, también destaca la vecina de Manu: Tambopata. En esta provincia, la minería ilegal de oro –con los campamentos de La Pampa y Delta 1 a la cabeza de los males de la región– ha deforestado cientos de hectáreas de bosques de la Reserva Nacional de Tambopata y ha convertido a la trata de personas en una de las actividades delictivas más rentables de esta parte de la selva.

De Loreto a Ucayali: tráfico de terrenos y deforestación

Luego de los casos del eje de la costa norte y de la zona que une a las cuencas cocaleras del Vraem y La Convención con Madre de Dios, el mapa de riesgo también apunta alto índices de crimen organizado en Coronel Portillo (Ucayali) y Maynas (Loreto). En estas provincias emblemáticas de la Amazonía, capitales del tráfico de madera, según la Environmental Investigation Agency (EIA), también se concentran gran cantidad de denuncias por tráfico de terrenos que luego provocan la deforestación de cientos de hectáreas de bosques.

Las cifras de Integritas establecen que Coronel Portillo, con más de 382 mil habitantes, es la provincia amazónica que presenta la mayor cantidad de casos por dicho delito: 288 denuncias en el 2017. En los casos detectados por Ojo-Publico.com, las acusaciones por tráfico de terrenos generalmente se realizan contra personas vinculadas a organizaciones criminales que buscan la deforestación de bosques para el posterior cultivo de coca y conversión en cocaína.

La provincia loretana de Maynas, con más de 550 mil habitantes, sigue el mismo patrón ilícito. En 2017 se han denunciado más de 280 casos de tráfico de terrenos. Otro de los problemas que combaten las autoridades son las importantes cifras de incautación de madera ilegal. En mayo del año pasado, cuatro aserraderos en Iquitos –capital de Maynas y en donde se ubica el puerto para la exportación de dicho producto al extranjero– fueron intervenidos y se logró incautar más de un millón de pies tablares de madera de procedencia sospechosa.

La capital y el puerto ‘chalaco’: crimen y sicariato

Después de todos los casos anteriores aparecen Lima y Callao como provincias amenazadas por tres delitos conexos: el tráfico ilícito de drogas, el contrabando de armas y el sicariato. En la última década, tanto la capital como el puerto chalaco (con más de 10 millones de habitantes en total) se han erigido en el epicentro de acciones de las principales organizaciones del narcotráfico y en escenario de innumerables batallas callejeras y asesinatos por encargo, sobre todo en el sector de la construcción civil.

La situación no ha cambiado desde entonces. El año pasado, la División de Investigaciones de Alta Complejidad (Diviacc), unidad especializada en la lucha contra organizaciones delictivas, desarticuló en Lima y Callao la mayor cantidad de bandas dedicadas al robo agravado, secuestro y sicariato, que se recuerde en los últimos años. Este panorama coincide con las graves cifras que hoy publicamos: ambas provincias concentran el 80% de los casos por tráfico de drogas ocurridos a nivel nacional en 2017; el 50% de las denuncias por sicariato y el 44% por tráfico de armas.

A poco más de una semana para las elecciones del 7 de octubre queda claro que las autoridades no solo asumirán el desafío de ejercer una correcta función municipal sino también el reto de evitar la peligrosa injerencia del crimen organizado en las zonas más ‘calientes’ del Perú.